Es por un proyecto de ley que pretende cobrar un impuesto a las empresas que contraten mano de obra de personas que no sean oriundas de San Luis y tenga menos de cinco años de residencia.
El diputado provincial por Cambiemos Alejandro Cacace, denunció por discriminación, ante la filial local del Inadi, al gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, por el proyecto que pretende cobrarle un impuesto a las empresas que contraten mano de obra de personas que no sean oriundas de San Luis.
El legislador radical afirmó que la política de “puntaneidad” que lleva adelante el primer mandatario provincial “alcanzó tintes xenófobos, desadjudicando viviendas y dificultando la posibilidad de trabajar a nuestros compatriotas que provienen de otras provincias y ser puntano es otra cosa”.
La denuncia se produce luego que el gobernador de San Luis remitiera al Senado un proyecto de ley que busca la creación del “Registro de Empleo Puntano”, el cual cobrará a las empresas radicadas en la provincia una tasa mensual del 10% por cada empleado que no sea de San Luis y tenga menos de cinco años de residencia.
La norma dispone que “toda persona humana y/o jurídica que al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, ostente la calidad de empleador, deberá inscribirse en el Registro de Empleo Puntano”, para lo cual otorga un plazo de 30 días desde la aprobación de este proyecto.
Están exentos de realizar este registro el Estado nacional, provincial y municipal, sus dependencias y reparticiones autárquicas y descentralizadas, salvo cuando realicen operaciones industriales, comerciales, bancarias o de servicios a título oneroso y los empleadores del personal de servicio doméstico.
Según el proyecto, “todo empleador deberá abonar al Registro, una tasa mensual equivalente al 10% de la remuneración bruta mensual, por cada empleado en relación de dependencia” y exceptúa al empleador de personal nacido en la Provincia o que tenga como mínimo cinco años de residencia en la misma, al personal con especialidades de comprobada escasez en la Provincia y a quienes se encontraran declarados al momento de entrada en vigencia de la presente Ley”.
El dinero, recaudado se utilizará para el “pago de salarios de los servicios de salud, educación y seguridad que presta el Estado Provincial”.
El proyecto, que ingresó por el Senado donde existe mayoría absoluta oficialista, deberá luego ser tratado en Diputados donde el oficialismo cuenta con mayoría técnica luego de la división del Frente para la Victoria que ubica como únicos opositores a los integrantes del bloque Nacional y Popular formado por Sonia del Arco (Mas San Luis) y Juan Larrea (PC).
Por otra parte, la polémica sobre la desadjudicación de viviendas se produjo luego que el gobernador presidiera -el jueves último- el acto en el que 140 familias puntanas firmaron el contrato de adjudicación y recibieron las llaves de sus nuevos hogares.
El primer grupo, formado por 30 familias, resultó adjudicado por sus condiciones de vulnerabilidad priorizando a familias numerosas que tuvieran algún integrante con discapacidad, según se afirmó oficialmente.
Durante el acto, Rodriguez Saá manifestó: “Yo quiero que todas las obras del Gobierno sean para los puntanos, las puntanas y los puntanitos”.